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Un problema “privado” bastante “público”

En diversas oportunidades, hemos comentado críticamente la despreocupación que muestran las personas por los temas de carácter económico. En general, se los considera como materias propias de especialistas ya que no se llega nunca a apreciar debidamente cómo inciden en la vida de las personas. A ello se suma la forma en que son tratados por los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión, que se limita a informar sobre las variaciones que cada mes experimenta  el I Pe Cé, o sobre lo que pasa con el precio del cobre, del dólar o de las bencinas. Pero, en este campo, hay mucho paño que cortar.

El problema privado.

De acuerdo al Decreto Ley 3.500, que regula el actual sistema de pensiones, es obligación de los empleadores retener de las remuneraciones de sus trabajadores el porcentaje que indican las leyes y que  se engloba dentro del rubro genérico que se conoce como  “cotizaciones previsionales”. Este descuento gira en torno al 20%, es obligatorio, e incluye, además del 10% que va a las nunca suficientemente bien ponderadas “Administradoras de Fondos de Pensiones”, un 7% por concepto de cotización de salud y otros porcentajes adicionales. Para dejar las cosas claras, todo trabajador tiene una remuneración pactada “bruta” que puede ser, por ejemplo, de $500.000.- pero a fin de mes no recibirá esta suma sino un 20% menos, pues, por imperativo legal, se le deben descontar, en este caso, $100.000.- Dicha suma, pertenece al trabajador pues el empleador debe limitarse  a retenerla con la obligación de integrarla a las instituciones correspondientes dentro de los primeros diez días siguientes   al devengamiento de las remuneraciones (trece días si el pago se realiza por medios electrónicos).

Lo malo del caso es que muchas empleadores (empresas grandes, medianas y chicas),  alegando que tienen eventuales “problemas de caja” no integran estos dineros oportunamente y, como la ley lo permite, se limitan a declararlos.

Pues bien, de acuerdo al último informe dado a conocer por la Superintendencia de Pensiones  y dado a conocer por la prensa (El Mercurio, 08.07.2018) la suma adeudada desde el inicio del sistema en 1981 hasta el 31 de diciembre de 2017, corresponde a la cantidad de TRES BILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($3.356.282.000.000) LO QUE CORRESPONDERÍA  NADA MENOS QUE A UNOS 5.455 MILLONES DE DÓLARES.

¿Quiénes son los “deudores”? Perdón, no se trata de simples “deudores” sino, para decirlo en buen castellano, de empleadores que se han apropiado indebidamente de dineros de sus trabajadores, que se han “robado”  plata que no les pertenece. Es prácticamente imposible confeccionar una lista completa de estos amigos de lo ajeno los que, ateniéndose a los textos legales vigentes, no se consideran a sí mismos como delincuentes sino como “personas vivarachas”.

Si, por lo menos, se les clasifica por rubros de acuerdo a la actividad económica correspondiente, se tiene el siguiente panorama:

  • Un 21,22 % corresponde a la industria manufacturera tanto metálica como no metálica;
  • Un 18,26 % corresponde al comercio, hoteles y restaurantes;
  • Un 17,37 % corresponde a la industria de la construcción;
  • El saldo, es decir un 43% lo adeudan, en orden decreciente, empleadores de actividades empresariales; servicios sociales y personales; transporte, almacenamiento y comunicaciones; agricultura y silvicultura; enseñanza, minería, pesca; administración pública y defensa.

Estos deudores, son nada menos que 268.191 de los cuales, 11.659 adeudan individualmente montos superiores a los 50 millones de pesos.

En momentos en que se anuncia el próximo ingreso al Congreso Nacional de iniciativas tendientes a mejorar el “sistema” como forma de paliar el grave y creciente problema de las bajas pensiones,  este asunto debiera merecer una atención prioritaria. Se estima que, a la fecha del informe, son dos millones cien mil los afiliados afectados por cotizaciones impagas, situación que muchos solo vienen a conocer en el momento en que  empiezan los trámites para pensionarse.

El tema no ha merecido,  hasta ahora, una preocupación especial de parte de todas las autoridades de todos los colores que han ejercido el poder durante estos treinta y seis años. Tampoco le ha quitado el sueño  a los gremios empresariales que se han limitado a declarar que lo que está sucediendo no es correcto y  que demuestra una falta de ética, en tanto que la poderosa Sociedad de Fomento Fabril al parecer prefiere no opinar en este caso.

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