UNA REBAJITA, POR EL AMOR DE DIOS….!!!

Esteban Lobos, analista.

De acuerdo a la legislación vigente, en estos días se dará, de hecho, comienzo a las campañas presidenciales. Dos importantes conglomerados políticos- Chile Vamos y Frente Amplio- tendrán la oportunidad de seleccionar a su candidato por la vía de las “elecciones primarias” reguladas por ley, financiadas con recursos públicos, beneficiadas con valiosos minutos gratuitos de televisión y con la consecuencia lógica de que quienes salgan derrotados ya no podrán ser candidatos. Otro postulante, que se quedó sin primarias, tendrá que recolectar firmas para inscribirse y buscar un nombre para su coalición que no sea el de “Nueva Minoría” como han insinuado sus críticos. La senadora Carolina Goic, de acuerdo a lo resuelto por su partido, simplemente correrá por la propia. Todo lo cual está derivando en el circo de los ofertones económicos que ya iniciaron algunos.

En verdad, la ciudadanía tiene derecho a esperar de todos estos servidores de la patria, mucha seriedad y responsabilidad en sus propuestas ya que si llegan al Gobierno sus acciones tendrán repercusión directa en la vida concreta de las personas.

Algunos han sido cuestionados por la ausencia de ideas y propuestas. Otra precandidata, por simplificar puerilmente problemas tan complejos como el de las pensiones y la seguridad social al expresar “a mí no me gustan las AFPs” como si con ello fuere suficiente dando a entender todo pero sin decir nada.

Más graves nos parecen algunos planteamientos preliminares del precandidato que aparece como más consolidado hasta ahora. El ex mandatario Sebastián Piñera, que ha estado trabajando con equipos técnicos y académicos desde que dejó la presidencia en 2014, ha lanzado dos ideas gruesas en su primera presentación programática que merecen nuestra atención.

La primera, de ellas: suprimirá el Transantiago. Sí, exactamente como se lee. ¿Cómo no recordar al candidato que en 1989 dijo que en cinco minutos suprimiría las “unidades de fomento”? El Transantiago, con todos sus defectos y problemas, que no son pocos, es un Plan Metropolitano de Transporte Público. Un aspirante tiene pleno derecho a criticarlo pero, con un mínimo de rigurosidad, tiene la obligación de señalar cuáles son las rectificaciones impostergables e indispensables que requiere, precisar las medidas que tomará para mejorarlo, pero no puede simplificar demagógicamente las soluciones con fines meramente electorales.

La segunda idea nos parece particularmente grave: Simplificará el sistema tributario (lo que no está mal) y bajará el impuesto de primera categoría que de acuerdo a las normas actuales deben pagar las empresas. Tal cual. Para adornar el guiso, su coordinadora programática, Susana Jiménez, ha precisado “que lo harán con responsabilidad fiscal, porque bajarán el impuesto corporativo pero mantendrán los niveles de recaudación. Ello a través de un mayor crecimiento económico y cerrando agujeros de evasión”, agregando luego: “Eventualmente también se evaluará corregir y mejorar otros impuestos”.

Lo dicho amerita algunas consideraciones críticas:

La propuesta vuelve sobre las posiciones tradicionales de la Derecha económica y su “teoría del chorreo” en línea con el programa de Trump en los Estados Unidos: las empresas ganan más, invierten más, el país crece más, hay entonces más trabajo y mejores salarios. Los hechos desmienten esto: países como Canadá, tras fuerte reducción de impuestos a las grandes corporaciones, registraron crecimiento del orden del 1%.
La propuesta es claramente regresiva, toda vez que busca rebajar tributos a los sectores de mayores ingresos y derivará en una obligatoria reducción del gasto en bienes públicos (educación, salud…).
En el supuesto de un crecimiento significativo y permanente del Producto Interno Bruto, que elevaría la recaudación fiscal, también aumentan correlativamente los gastos en pensiones de cargo del Estado, las remuneraciones fiscales, la inversión en infraestructura, etc.
Los “agujeros de evasión” aludidos por Jiménez, constituyen delitos y precisamente los sectores que sustentan la postulación que comentamos, se han opuesto sistemáticamente a penalizarlos con cárcel, al mismo tiempo que se han negado al cierre de los “agujeros de elusión” mediante los cuales, con artimañas de juristas y tributaristas, no se tributa de acuerdo al propósito de la ley.
La propuesta contribuye a aumentar los escandalosos niveles de desigualdad, razón por la cual es preferible perfeccionar el régimen mediante un sistema de aplicación general en línea con el 40% de tributación real de los países OCDE complementado con un régimen especial para las empresas pymes que sean realmente pymes y al cual no puedan acceder grandes empresas que, triquiñuelas mediante, se disfrazan de pymes.

Los impuestos que gravan a las grandes empresas, a primera vista pudieran parecer altos y sus asociaciones gremiales no dejan de recalcarlo para lo cual cuentan con sus amplias y poderosas redes de comunicación social. Sin embargo, se omiten hechos claves tales como que ellas utilizan recursos que pertenecen “a la nación toda” (minerales metálicos y no metálicos, agua, etc.), gozan de subsidios públicos (forestales), se benefician de la inversión pública (infraestructura y capacitación de recursos humanos), se aprovechan en su propio beneficio de la institucionalidad pública (tribunales colapsados transformados en empresas de cobranzas de la banca y del retail), etc.

En suma, la oferta no es tan hermosa como la pintan.