¿Confusión o caos?

Durante el mandato actual del Presidente Piñera, tanto él, personalmente, como su innumerable equipo de asesores, han cometido un grave error político. Desde el día 1, con bastante soberbia, se hizo ostentación del hecho de haber logrado en la segunda vuelta una aplastante mayoría sin que jamás se aceptara que gran parte de esa votación respondía a un cuestionamiento a la candidatura adversaria que era vista políticamente débil y programáticamente poco clara en especial en temas como la seguridad ciudadana y el manejo de la economía.

. Así, a los pocos meses, en el seno de la coalición oficialista empezaron a surgir prematuramente ene candidaturas desobedeciendo los reiterados llamados presidenciales. Además, la propia personalidad del mandatario lo llevó a copar todos los espacios posibles, afectando de esta forma la gestión de todo su gabinete que se ha visto sin personalidad propia ni autonomía de vuelo.

En este errático escenario, la Unión Demócrata Independiente, la colectividad más sólida en que se sustenta el Gobierno, vio florecer a través de las encuestas, un aspirante a la sucesión procedente de sus filas: el alcalde de la privilegiada comuna de Las Condes.  Sin embargo, cuando todo parecía sonreírle, descubrió que por el lado derecho de la pista asomaba una candidatura de extrema derecha que no solo se acercaba  al  eventual candidato gremialista sino que amenazaba la integridad misma del partido al convocar a diversos diputados a abandonar la colectividad que hizo posible su elección y  a unirse a las huestes.del aparecido desafiante. Sorpresivamente, en una operación muy similar a otras aún no olvidadas, el Diario La Tercera dio a conocer que el precandidato de marras mantenía cuentas en el paraíso fiscal de Panamá y, lo que pudo ser un “buen golpe periodístico” fracasó ante la torpe declaración directiva de la UDI que señaló que hace ocho años la precandidatura de Laurence Golborne se había caído por un hecho similar, sin considerar que altas autoridades del Ejecutivo, desde el mismo presidente hacia abajo mantienen cuentas de esas características.

Sin embargo, ha sido la moción de la diputada Camila Vallejos tendiente a reducir la jornada laboral a 40 horas máximas, la que en verdad ha golpeado con fuerza desmedida el corazón del Gobierno. La iniciativa fue ninguneada por ministros y parlamentarios de ChileVamos y mostrada  por la prensa adicta como un ejemplo del “populismo comunista”.

Mientras el Ejecutivo promovía su idea de la “jornada laboral flexible” (que desde el primer momento suscitó rechazo dado el desequilibrio  que existe entre el poder patronal y la fuerza real  de los trabajadores, lo que abría la puerta para todo tipo de abusos), las encuestas, vicio que forma parte del alma de los actuales gobernantes, daban a conocer que la propuesta de la diputada Vallejos contaba con un 75% de adhesión.

Este dato provocó enorme desasosiego en las filas del oficialismo que se encontró encerrado, políticamente, en un callejón sin salida.

A partir de ese momento, cada paso fue un error.

Se optó, como de costumbre, por la campaña del terror denunciando que la propuesta gubernativa implicaba la generación de 200.000 nuevos puestos de trabajo en tanto que la proposición opositora implicaba la pérdida de 300.000 empleos, sin que ninguno de tales datos mostrara sustento técnico suficiente. En el debate en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se llegó al extremo de decir que esta nueva jornada limitada iba a impedir que Chile jugara la próxima Copa América y que los trabajadores de CONAF iban a abandonar las labores de combate al fuego si en medio de su trabajo se cumplía el horario legal.

El Gobierno se encuentra metido en un verdadero zapato chino que genera perplejidad, confusión y desorden.

Es obvio, que la posible  reducción de la jornada laboral trae aparejada una serie de problemas especialmente a nivel de las medianas y pequeñas empresas y de los emprendimientos familiares,  pero también es evidente que la trabajadora y el trabajador chilenos están sometidos a jornadas agotadoras para recibir un salario insuficiente para la subsistencia de su grupo inmediato y debiera ser tarea del muy débil Ministro del Trabajo, procurar soluciones y acuerdos que se traduzcan en mejoras efectivas en las condiciones de vida de los chilenos.

Por lo demás, el Presidente, si quiere imponer su voluntad, tiene dos opciones: Recurrir al Tribunal Constitucional en una apuesta muy arriesgada, toda vez que este organismo procurará legitimarse mostrando visos de independencia y autonomía, o simplemente proceder a vetar el proyecto conforme lo permite la actual Constitución. En una y otro caso, el golpe a la popularidad,  ya bastante deteriorada,  del oficialismo será enorme y, cualquiera que sea el resultado final la idea ya quedó implantada en el imaginario social y se concretará más temprano que tarde.