EDITORIAL: LOS COMICIOS SIETEMESINOS

El próximo domingo 19 de noviembre, corresponde elegir al ciudadano o ciudadana que ejercerá el cargo de Presidente de la República durante los próximos cuatro años, aun cuando es muy probable que la decisión definitiva no se conozca hasta la realización de la “segunda vuelta”. En paralelo, corresponderá elegir a la totalidad de los diputados y, prácticamente, a la mitad de los senadores.

Hasta aquí, a siete meses de esos comicios, la atención se ha centrado en la disputa del cargo de Jefe de Estado,  en tanto que los hilos de las elecciones parlamentarias se mueven entre bambalinas. Pese a ello, ha quedado claro que el juego de las opciones en materia presidencial está condicionado en importante medida tanto por los intereses personales de quienes quieren disponer de un cargo de congresista como por el propósito obvio de las diversas colectividades políticas de alcanzar  cuotas de   representación que les permitan  influir  en el manejo del aparato público.

De ahí que sea preocupante la actitud de los partidos que, a pesar de enfrentar duros cuestionamientos éticos, abordan con una superficialidad abismante la selección de la baraja de los postulantes cuyos nombres pondrán a disposición de los votantes.

Fuera  de las consideraciones morales y políticas, no resulta grato constatar que, en general, el  nivel actual de nuestros parlamentarios es bastante mediocre,  lo que se refleja en la calidad del trabajo legislativo. Con bastante dificultad se puede llegar a una docena de integrantes de cada Cámara cuyos aportes puedan ser valorados positivamente.

El país, como cualquiera comunidad humana, vive permanentemente un resurgimiento de problemas sociales en su sentido más amplio que van adquiriendo importancia de acuerdo al rimbombo que le dan las marchas callejeras o la cobertura amplificada de los medios de comunicación.

Lo dicho, se traduce en que las urgencias cotidianas van imponiéndose en la agenda-país por sobre los temas verdaderamente importantes que se eternizan generando malestar e indignación entre los sectores directa o indirectamente afectados. El Gobierno se agota preocupándose, bien o mal, de la contingencia en tanto que el Congreso Nacional se transforma en un grupo de personajes variopintos que viven en torno a la frase clisé o a la cuña televisiva ingeniosamente elaborada por un oscuro asesor comunicacional. Realmente grotesco resulta, así, constatar que,  frente a cada problema,  se envían oficios, se interpela, se crean comisiones investigadoras cuya larga vida les permite mantenerse en primera plana durante un tiempo pero que jamás logran aterrizar  en soluciones concretas y duraderas. Un ejemplo claro lo constituye el ámbito de la corrupción política y de las consecuentes medidas pro transparencia en que comisiones de asesores externos han sido las que han propuesto las medidas indispensables en tanto que los congresistas aparecen en una actitud defensiva como protegiéndose a sí mismos ante lo que estiman ataques infundados de ciudadanos irresponsables.

Desde el retorno de la democracia, prácticamente no se han visto propuestas de origen parlamentario que analicen y debatan los grandes problemas del futuro.

La inercia legislativa puede observarse en dos grandes temas. Uno, es el desarrollo urbano con toda su enorme complejidad, área en la cual en los últimos cincuenta años se ha transitado desde las ciudades absolutamente segregadas con barrios para pobres y barrios para ricos hasta las urbes descontroladas en las cuales los promotores inmobiliarios hacen y deshacen a su gusto edificando a troche y moche sin preocupación alguna ni por la calidad ni por la armonía ni por la extensión pues lo único que vale es el lucro. Otro, es el tema de la  delincuencia y la seguridad pública claramente exacerbado por grupos de interés pero que hasta ahora no ha tenido un tratamiento profundo y responsable hasta el extremo que muchos legisladores simplones siguen creyendo que basta con elevar las penalidades vigentes para que todo se solucione. La ciudadanía, en general, desconoce el hecho de que el actual Código Penal tiene más de un siglo de vida y que el proyecto de un nuevo Código, elaborado por académicos y expertos tras largos años de trabajo, yace en los armarios del Parlamento sin que, y de ello estamos absolutamente seguros, ningún senador o diputado lo haya tomado siquiera en sus manos para leerlo.

Cuando se  ve el alto nivel de desprestigio de esta institución, y la respuesta que por su parte  se ofrece es la de contratar una asesoría de imagen, es claro que no hay una comprensión de la realidad.

Si los partidos y movimientos persisten en reclutar rostros y figuras de la televisión movidos simplemente por su obsesión enfermiza de elevar su número de votos, el daño a la vida democrática y republicana será enorme. El país seguirá soportando la persistencia de los problemas sustantivos en un cuento de nunca acabar. Mal Congreso, malas e incomprensibles leyes, carencia de percepción de los requerimientos del país real, pueden llevar, si no se reacciona a tiempo, a un abrupto fin de fiesta.