La ciudadanía no puede permitir que lleguen al gobierno, los que se coluden contra sus intereses.
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Una decisión incomprensible.

Esteban Lobos

Economista.

Agosto es un mes complicado. No es el peor. Las estadísticas indican que en el mes de julio muere más gente. Desde el punto de vista del ánimo de las personas, el octavo mes implica el cierre de la temporada más oscura, fría y lluviosa del año, de la época de las noches más largas. Luego, florecen los cerezos y los magnolios, se alargan los días, el sol entibia levemente la atmósfera, y parece que todo nos  invita a mirar con más optimismo el futuro. En este ambiente positivo…

Los hechos mismos llaman la atención. El viernes 18, a las 19.30 horas, el Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, citó a sus pares del Comité de Ministros del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a una reunión para el lunes 21 a las 7.30 de la mañana (6.30 hora antigua, diría mi abuelita). Objeto: resolver, en segunda instancia, la aprobación o rechazo del proyecto minero-portuario denominado “Dominga”. El domingo 20, al caer la tarde, Mena hizo llegar  a sus colegas 14 documentos de base (se habla de alrededor de 2.000 páginas), sobre la materia. El Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, uno de los convocados, pidió que se pospusiera la reunión por 72 horas, solicitud que fue rechazada por Mena. El día señalado y a la hora señalada, Céspedes se niega a votar y se retira de la sesión arguyendo la poca seriedad del análisis. Acto seguido, Dominga es rechazado  por tres votos en contra (Salud, Medio Ambiente, Agricultura) y dos a favor (Minería y Energía). Al día subsiguiente, el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco,  critica la celeridad exagerada del procedimiento y luego es respaldado por el Ministro Rodrigo Valdés. Se inicia la debacle. Céspedes, Micco y Valdés, todos para su casa. La presidenta pone el broche con una frase para el bronce: “No concibo el desarrollo a espaldas de las personas”. El jueves 31, juran los nuevos ministros: Nicolás Eyzaguirre en Hacienda y Jorge Rodríguez Grossi, en Economía.

Para cualquier entendedor, la descripción anterior implica un importante quiebre al interior del gobierno. Una confrontación entre los “ambientalistas” y los “desarrollistas a cualquier costo, a espalda de las personas”, enfrentamiento que fue resuelto a favor de los primeros por la mandataria. Es lo que correspondía. Al fin y al cabo, es ella la que manda.

Pero las cosas no son tan así.

La información que ha fluido sobre el caso aporta interesantes antecedentes.

1.- Es obvio, salvo que hayan seguido el curso de lectura veloz, que los ministros del Comité no leyeron o no analizaron la documentación de respaldo.

2.- Es público y notorio que hace pocos meses, bajo este mismo Gobierno, se aprobó proyecto del grupo de inversiones CAP para el mismo sector que conlleva similar  riesgo de afectación del patrimonio ecológico aledaño.

3.- Los nuevos ministros (Eyzaguirre y Rodríguez) formaron el equipo económico que fue el alma del gobierno “concertacionista”  de Ricardo Lagos cuya postulación presidencial fue rechazada por el Partido Socialista (colectividad en la que milita la presidenta) por su carácter desarrollista y tendencias neoliberales.

4.- Rodríguez ostenta un curriculum bastante llamativo. Estuvo a favor del proyecto de Alumysa de la canadiense Noranda que consideraba la instalación  de un puerto y tres centrales hidroeléctricas en Aysen. Declaró: “Soy partidario de que se hagan todos los proyectos posibles”, “Me niego a aceptar que haya proyectos incompatibles”, Fue director de AES Gener, del proyecto Guacolda y de Alto Maipo (de propiedad de AES Gener y Antofagasta Minerals), todos cuestionados por grupos ambientalistas.

Obviamente, es imposible emitir sobre la materia un pronunciamiento fundado sin acceder a los antecedentes del caso. Sería una irresponsabilidad actuar de la misma forma que criticamos. Como principio básico creemos que siempre es posible compatibilizar proyectos de naturaleza extractiva con las exigencias imprescindibles de protección y resguardo del patrimonio ecológico y del medio ambiente en general. Las exigencias del Estado en este campo, tienen un costo. Las empresas interesadas analizarán si están dispuestas a asumirlo o no. Lo que sí es imprescindible es  que las reglas del juego sean lo más claras, precisas y transparentes posibles,  pues no es aceptable que un país que presume de serio exija a eventuales inversionistas programas de mitigación del más alto nivel y que luego, pese a ello, deseche los proyectos.

El Comité de Ministros es una instancia política y, como tal, sus determinaciones están sujetas a razones básicamente subjetivas. Todo parece indicar que las razones habidas en el caso, no son de carácter técnico y que, tal como sucedió con el “telefonazo” de Piñera en cuanto al bullado proyecto Barrancones, nos encontramos ante actos de autoridad que hacen caso omiso de la normativa vigente.

Los grandes damnificados son la “agenda pro crecimiento” y el Gobierno que muestra contradicciones sorprendentes: Al tiempo que destituye a su equipo económico, acusándolo tácitamente de “perseguir el crecimiento a espaldas de las personas”, lo reemplaza por nombres de la vieja guardia en cuyo certificado de antecedentes aparecen múltiples acciones pasadas de similares características.

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1 Comentario en Una decisión incomprensible.

  1. Lo comentado se explica porque los EIA basados en las leyes de medio ambiente, solo sirven para aprobar todos los proyectos, y están diseñadis para que así suceda, con una vestimenta para que aparenten ser técnicos. “El que pone el dinero elige la música”, dice el refrán. ¿Quién podría creer que un consultor contratado por el propio inversionista va a concluir que el proyecto es insostenible ambientalmente hablando y, por ende, no deberá ejecutarse?

    Es notable determinar que, analizando todos los anexos de los EIA, en general, se pude concluir todo lo contrario de lo que afirma la consultora (v.g. los impactos negativos son insignificantes, es posible mitigarlos, no va pasar nada grave, etc.), que los impactos negativos no son mitigables. Y no hablemos de los fundamentos de las líneas base.

    Las revisiones de los EIA, y las observaciones de los organismos y seremis que deben dictaminar, son en su mayoría, políticas y no técnicas por mucho que se diga que son técnicas,

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